- Denuncias y casos sin resolver evidencian presunta corrupción en autoridades
Tultitlán, Méx.- El diputado Faustino de la Cruz Pérez volvió a exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a que investigue con mayor rigor los casos de despojos e invasiones que siguen sin resolverse en la entidad. Insistió en la importancia de dar seguimiento a las denuncias presentadas y revisar minuciosamente el actuar de Ministerios Públicos y jueces involucrados, con el fin de frenar los perjuicios que afectan a numerosas personas.
Un caso emblemático es el de Jorge González Martínez, quien lleva casi cuatro años lidiando con un proceso judicial lleno de irregularidades por un inmueble en disputa ubicado en Eje 3 #78, colonia San Pablo de las Salinas. González, quien rentó la propiedad, ha solicitado la intervención de las autoridades, incluyendo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, debido a la creciente complejidad del caso.
El afectado narró cómo, a pesar de haber ganado el juicio, la sentencia, un amparo y su revisión, y de haber lidiado con una compra-venta falsa y un inquilino que dejó de pagar, aún espera recuperar la posesión de su inmueble. Relató que su esposa, Berenice Ramírez Gómez, ingresó al inmueble vacío, pero fue desalojada por la parte acusada, terminando ambos en el Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli.
Ante estos hechos, el legislador de Morena expresó su preocupación, mencionando que, según el afectado, los demandados han presentado documentos falsos sin que haya una respuesta adecuada por parte de las autoridades, las cuales parecen estar paralizadas.
El diputado subrayó que los casos de despojo son numerosos y urgió a la FGJEM a prestar especial atención a aquellos que siguen sin resolverse, señalando que un grupo de personas sin escrúpulos está afectando a muchos ciudadanos. Por su parte, González denunció que, durante su estancia en el Ministerio Público, fue evidente que hubo actos de corrupción, ya que las autoridades favorecieron a los acusados, mientras su esposa, siendo la parte afectada, fue retenida desde la noche anterior.
Ante el desaliento, González considera demandar al Ministerio Público y al juez de Control, y no descarta acudir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como a Derechos Humanos, debido a los abusos que ha enfrentado durante casi cuatro años de proceso.
Finalmente, al ser escuchado por miembros de la bancada de Morena, González detalló que la disputa por la propiedad surgió en medio de una demanda de acción reivindicatoria, enfrentando una supuesta compra-venta con documentos falsos. A pesar de la sentencia definitiva en el expediente 673/2020, emitida en mayo de 2023, que ordenaba la entrega del inmueble en un plazo de ocho días, el caso sigue sin resolverse debido a maniobras dilatorias por parte de los acusados.
El diputado también enfatizó la necesidad de que las autoridades municipales y la Fiscalía mexiquense investiguen a fondo la presunta compra-venta fraudulenta y examinen los señalamientos de corrupción contra servidores públicos implicados en el caso. González mencionó que, aunque un amparo fue interpuesto por Pedro Vicente Reyes Durán, este fue desestimado por la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de México, Luz María Ortega Tlapa, y su recurso de revisión también fue rechazado en el tercer tribunal de Toluca en marzo de 2024.