•Isaac Montoya resalta coordinación con Delfina Gómez; jornada de usucapión acerca justicia y abarata trámites
NAUCALPAN, MÉX.— La certeza jurídica dejó de ser un trámite lejano para convertirse en un documento tangible: 422 familias recibieron el reconocimiento legal de sus viviendas y terrenos durante la Jornada de Usucapión Social Itinerante realizada en Naucalpan.
El Foro Felipe Villanueva, en el Parque Naucalli, concentró el esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado de México, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Poder Judicial estatal, donde propietarios provenientes de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec y Nicolás Romero concluyeron procesos de regularización mediante juicios sumarios de usucapión.
El alcalde Isaac Montoya Márquez subrayó que estos resultados son reflejo de una política pública que, dijo, “cambia vidas” al traducirse en seguridad jurídica para las familias. Atribuyó el impulso a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destacando su enfoque en acciones de impacto directo.
Durante el acto, el edil enfatizó que la coordinación institucional permitió que los mecanismos legales se acercaran a la población, mientras el IMEVIS fortaleció los procesos de regularización y el gobierno municipal operó como enlace territorial. “Cuando cada instancia asume su responsabilidad, los resultados son duraderos”, sostuvo.
Las cifras adquieren dimensión al considerar los casos: familias que durante dos décadas o más ocuparon sus propiedades hoy pueden acreditarlas legalmente. Así lo expuso el director del IMEVIS, Alejandro Tenorio Esquivel, quien vinculó estos avances al decreto estatal emitido en 2024 para facilitar la regularización patrimonial en los 125 municipios mexiquenses.
La magistrada María Alejandra Almazán Barrera, del Poder Judicial del Estado de México, remarcó que estas jornadas responden a un modelo de justicia que se desplaza al territorio, con procedimientos más ágiles y de menor costo para la ciudadanía.
Más allá de la entrega simbólica, la jornada consolidó un proceso que reduce tiempos legales y elimina barreras económicas, transformando la posesión prolongada en propiedad formal, con respaldo institucional.
