•Propone incentivos fiscales y clasificación especial a contenidos que exalten el crimen
CIUDAD DE MÉXICO.— La industria del entretenimiento podría enfrentar un giro regulatorio si avanza la iniciativa presentada por el senador Enrique Vargas del Villar, quien plantea premiar fiscalmente a producciones que promuevan la cultura de la legalidad y, al mismo tiempo, endurecer criterios para aquellas que representen al crimen organizado.
La propuesta, que busca reformar la Ley Federal de Cinematografía, introduce un esquema de incentivos fiscales para series y películas que fomenten valores como el respeto a la ley, la responsabilidad cívica y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Para ello, contempla el uso de herramientas como el estímulo a la producción cinematográfica previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Desde la óptica del legislador del PAN, el cine y los contenidos audiovisuales no solo entretienen: moldean percepciones sociales y pueden incidir en la confianza hacia las instituciones. “Es un medio capaz de influir en la construcción de narrativas culturales y en la promoción de valores democráticos”, argumentó.
En paralelo, la iniciativa propone modificar el Artículo 26 de la legislación vigente para establecer una clasificación especial obligatoria a producciones que incluyan representaciones del narcotráfico o actividades delictivas que puedan interpretarse como apología de la violencia. Estas deberán incorporar advertencias al inicio sobre su carácter ficticio o contextual, además de medidas de protección dirigidas a menores de edad.
Vargas del Villar justificó la propuesta en los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, corrupción y percepción sobre el cumplimiento de la ley. En ese contexto, sostuvo que no basta con políticas públicas tradicionales, sino que es necesario reforzar la formación de valores desde el ámbito cultural.
“Difundir principios como la responsabilidad cívica y el respeto a la ley a través del cine representa una oportunidad para fortalecer el tejido social y consolidar instituciones más sólidas”, afirmó.
La iniciativa abre el debate sobre el papel del Estado en la promoción de contenidos audiovisuales y los límites entre libertad creativa y responsabilidad social en un entorno marcado por la influencia mediática.
