•Iniciativa busca reformar la ley de protección civil para unificar protocolos y garantizar campañas permanentes en todo el país
CIUDAD DE MÉXICO.— Los segundos previos a una emergencia pueden definir la diferencia entre sobrevivir o no. Bajo esa premisa, el senador mexiquense Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Protección Civil y establecer como obligatorios los sistemas de alertamiento temprano y las campañas permanentes de prevención en todo el territorio nacional.
La propuesta, impulsada desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, plantea fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar que la población reciba avisos oportunos ante fenómenos naturales y conozca cómo actuar frente a riesgos.
El planteamiento parte de un diagnóstico amplio: entre 2000 y 2023, México registró más de 300 desastres naturales que generaron pérdidas superiores a 700 mil millones de pesos. Además, datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres indican que más del 70 por ciento del territorio nacional está expuesto a fenómenos hidrometeorológicos, sísmicos, volcánicos, incendios forestales o deslizamientos de tierra.
La iniciativa advierte fallas estructurales en la gestión del riesgo: comunicación limitada en zonas rurales, falta de coordinación entre órdenes de gobierno, protocolos no homologados y campañas informativas irregulares que no alcanzan a toda la población. También señala que en diversas entidades los sistemas de alerta funcionan con estándares distintos o incluso carecen de infraestructura.
Para revertir estas brechas, la propuesta plantea que las campañas de información y prevención sean obligatorias en federación, estados y municipios; que los sistemas de alerta temprana operen bajo criterios técnicos uniformes; y que la difusión de avisos utilice de manera simultánea radio, televisión, telefonía móvil, plataformas digitales y altavoces comunitarios, priorizando las zonas más vulnerables.
El proyecto también prevé mecanismos de financiamiento federal para fortalecer la infraestructura de alertas en municipios de alto riesgo —incluidas demarcaciones de la Ciudad de México— y obliga a las entidades federativas, como el Estado de México, a elaborar mapas de riesgo y programas anuales de prevención.
Vargas del Villar subrayó que la prevención debe ser una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, al advertir que la recurrencia de sismos, huracanes, inundaciones e incendios exige anticipación institucional. “Los minutos, incluso segundos previos a un evento peligroso, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó.
De acuerdo con estimaciones internacionales citadas en la iniciativa, los países que cuentan con sistemas de alertamiento temprano eficaces reducen la mortalidad por desastres entre 40 y 70 por ciento, un margen que, según el legislador, justifica la urgencia de fortalecer el marco legal en materia de protección civil.
