•Plan Institucional 2025-2029 redefine coordinación interinstitucional con enfoque en sectores vulnerables
La conmemoración del 33 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México marcó el inicio de una nueva fase de planeación institucional en la entidad, acompañada por el respaldo del gobierno estatal a una agenda centrada en la dignidad humana como principio rector de la acción pública.
Durante el acto realizado en Toluca, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que la coordinación entre poderes y organismos autónomos debe traducirse en políticas públicas transversales que fortalezcan el servicio a la sociedad y consoliden una visión humanista del ejercicio gubernamental.
La mandataria subrayó que el respeto a los derechos humanos orienta la política social del Estado de México, con prioridad en niñas, niños y adolescentes, mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad. En ese marco, enumeró acciones orientadas a la prevención social del delito, el combate al acoso escolar y la violencia familiar, la atención alimentaria mediante el Sistema DIF del Estado de México y el impulso al bienestar de la primera infancia a través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
También mencionó estrategias enfocadas en la protección de las mujeres y la igualdad sustantiva, como programas de bienestar, operativos de seguridad en municipios con alerta de violencia de género, refugios para personas de la diversidad sexual en situación de riesgo y mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En su intervención, el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, afirmó que la institución mantiene autonomía y una relación institucional respetuosa con el gobierno estatal, lo que permite fortalecer su labor mediante recomendaciones, capacitación y seguimiento de casos, con el objetivo de garantizar atención digna y efectiva a la población.
La ceremonia incluyó la presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029 del organismo, concebido como una hoja de ruta para el trabajo coordinado entre instancias públicas. Asimismo, se entregaron reconocimientos a siete servidoras y servidores públicos con más de tres décadas de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en la entidad.
Con este proceso, la administración estatal y el organismo autónomo proyectan una agenda conjunta que busca incidir tanto en el desempeño del servicio público como en la protección efectiva de la ciudadanía.
