•Propone añadir el artículo 10-F a la Ley de Coordinación Fiscal para impedir que estados y municipios mantengan o repliquen el gravamen bajo cualquier figura
CDMX.— Más de 38 millones de vehículos particulares circulan actualmente en el país y, en su mayoría, funcionan como herramienta de trabajo o medio de transporte familiar. Bajo ese contexto, el senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, planteó cerrar de forma definitiva la puerta al cobro de la tenencia vehicular en todo el territorio nacional.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado suscribió una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal y añadir el artículo 10-F, con el propósito de impedir que entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México puedan establecer, mantener o recaudar contribuciones, impuestos, derechos o aprovechamientos que graven la tenencia, uso o posesión de vehículos particulares, sin importar la denominación o el mecanismo de cálculo.
Aunque el impuesto federal sobre la tenencia fue eliminado en 2012, Vargas del Villar señaló que la falta de una prohibición expresa dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal permitió que diversos estados conservaran o reconfiguraran el cobro bajo esquemas alternos, como impuestos “verdes”, derechos de control vehicular o figuras vinculadas a la posesión del automóvil.
El legislador argumentó que este gravamen perdió sustento jurídico, económico y social, al convertirse en una carga directa sobre el patrimonio familiar. Recordó que la tenencia fue creada en 1962 con carácter excepcional para financiar los Juegos Olímpicos de 1968, pero su permanencia se extendió por décadas más allá de su objetivo original.
En términos financieros, citó datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que indican que los ingresos por tenencia representan, en promedio, menos del uno por ciento de los ingresos totales de las entidades federativas. A su juicio, el impacto recaudatorio es marginal frente a las distorsiones que genera, entre ellas el cambio de placas hacia otras entidades, la evasión fiscal y el crecimiento de la informalidad.
Además, sostuvo que la ambigüedad normativa vigente contraviene el principio de certeza jurídica previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución, así como el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV. Por ello, consideró indispensable suprimir cualquier habilitación legal que permita reactivar el impuesto bajo figuras análogas.
Con esta propuesta, el senador panista busca establecer una prohibición expresa y definitiva que impida, de manera directa o indirecta, el resurgimiento del cobro de la tenencia en cualquier parte del país.