- La gobernadora entrega recursos del FAISPIAM para que más de 600 comunidades indígenas y afromexicanas decidan su propio destino
TEMOAYA, MÉX.– En un hecho sin precedentes, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la entrega directa de apoyos económicos a más de 600 comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de México, marcando el inicio de una nueva etapa de justicia social basada en el respeto a la autonomía y la dignidad de los pueblos originarios.
Desde el Centro Ceremonial Otomí, acompañada por más de cinco mil representantes de los pueblos nahua, otomí, mazahua, matlatzinca y tlahuica, la mandataria estatal anunció el arranque del programa FAISPIAM 2025, un modelo de inversión social sin intermediarios que permitirá a las comunidades decidir, en asamblea, el destino de los recursos para mejorar su calidad de vida.
“Hoy no venimos a prometer, venimos a cumplir. Este es un acto de justicia histórica y de profundo respeto por la autodeterminación de los pueblos. Ustedes sabrán cómo y dónde invertir cada peso, porque nadie mejor que ustedes conoce lo que necesita su comunidad”, expresó Delfina Gómez.
Con el respaldo del Gobierno de México y en sintonía con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, el FAISPIAM canaliza recursos directamente a las manos de las comunidades, donde las tesoreras serán mujeres elegidas por sus propias asambleas. Las obras y acciones que se realicen estarán vigiladas por Comités de Control, conformados por los propios habitantes.
La gobernadora subrayó que esta política busca reducir desigualdades y cerrar la brecha histórica de marginación que han sufrido los pueblos indígenas y afromexicanos. “Hoy, el Estado reconoce a los pueblos como sujetos de derecho y no como beneficiarios pasivos. Tienen voz, tienen voto y, sobre todo, tienen el poder de transformar su entorno”, aseguró.
En el evento participaron autoridades federales y estatales del sector social y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como representantes municipales y legislativos, quienes respaldaron esta medida como parte de un nuevo pacto social con los pueblos originarios del Estado de México.