- Asegurar el derecho fundamental de la población al acceso del agua potable
Ectepec, Méx.- Ante la crítica escasez de agua que afecta a más de un millón de habitantes en 200 colonias de Ecatepec, diputados locales de este municipio urgieron a que las reformas al Código Penal del Estado de México, que castigan el huachicoleo del agua, no queden en letra muerta.
Denuncia y llamado a la acción
En conferencia de prensa, los diputados Azucena Cisneros, Faustino de la Cruz, Raúl Ponce y Camilo Murillo expresaron su preocupación por la grave situación que enfrenta la población ecatepequense, señalando la escasez de agua como el principal problema del municipio, agravado en el último año. La diputada Cisneros denunció el mercantilismo del agua y urgió a las autoridades a actuar en consecuencia.
Reformas y medidas penales
Las reformas al Código Penal del Estado de México, impulsadas por Morena y aprobadas en mayo de 2022, establecen penas de dos a seis años de prisión para quienes cometan huachicoleo de agua, así como sanciones específicas para aquellos que distribuyan o suministren agua sin autorización oficial.
Combate al huachicoleo
Los diputados subrayaron que el delito de huachicoleo se lleva a cabo a plena luz del día, operado por mafias que lucran con la necesidad de la gente, afectando la infraestructura hidráulica y reduciendo la presión del vital líquido en la red domiciliaria. Anunciaron su intención de establecer una mesa de trabajo con la Fiscalía y el Poder Judicial para combatir esta problemática en Ecatepec.
Reclamo de justicia social
Ante la falta de distribución equitativa de agua por parte de las autoridades, los diputados lamentaron que la población afectada no reciba un trato justo, ya que no se les proporciona el servicio adecuadamente ni se les cobra de manera proporcional a través de las tarifas. Exigieron medidas concretas para garantizar el acceso equitativo al agua por la red domiciliaria, en lugar de depender exclusivamente de la distribución por medio de pipas.
La situación en Ecatepec demanda una acción urgente y coordinada de las autoridades para abordar el problema del huachicoleo y asegurar el derecho fundamental de la población al acceso al agua potable.