•Paty Arévalo presenta plan de 10 acciones que incluye certificación anticorrupción, plataforma digital de denuncias y foros nacionales e internacionales
ATIZAPÁN, MÉX.— Con una advertencia directa —“la corrupción es una violación a los derechos humanos y una amenaza para el desarrollo social, económico y político”— la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza, Paty Arévalo, delineó una estrategia institucional que coloca la integridad administrativa como eje de gestión.
La campaña Anticorrupción y Buenas Prácticas del organismo municipal no se limita a un pronunciamiento político. Está estructurada en un plan de 10 acciones orientadas a prevenir, detectar, sancionar y erradicar conductas indebidas dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El objetivo declarado es reforzar los mecanismos de control interno y consolidar estándares de transparencia y rendición de cuentas.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la certificación en materia anticorrupción, así como la implementación de campañas informativas dirigidas tanto al personal como a la ciudadanía. También se contemplan programas digitales con participación de especialistas, capacitación permanente del equipo de trabajo y la habilitación de una plataforma electrónica para la recepción de quejas y denuncias.
La estrategia incluye además la creación de una biblioteca virtual con contenidos especializados, además de la organización de foros y encuentros, tanto nacionales como internacionales, enfocados en el intercambio de buenas prácticas.
Arévalo subrayó que el combate a la corrupción requiere acciones coordinadas entre autoridades y sociedad, no sólo para inhibir conductas ilícitas, sino para fortalecer la confianza ciudadana, reducir la impunidad y consolidar una cultura de legalidad.
“Habrá cero tolerancia a la corrupción, sin importar el nivel del servidor público”, enfatizó. Y añadió: “estamos listos para trabajar juntos por un futuro más transparente y ético”.
Con esta agenda, el DIF Atizapán busca no sólo blindar sus procesos administrativos, sino también elevar la eficiencia institucional y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la población.
