•Iniciativa plantea aumentar hasta en una mitad las sanciones por abuso sexual y violación cometidos en unidades, paraderos y terminales
CIUDAD DE MÉXICO.— Con el argumento de que el transporte público es un espacio donde convergen riesgos sistemáticos para millones de usuarios, el senador mexiquense Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa para endurecer las penas contra quienes cometan robos, abuso sexual o violencia en unidades y espacios vinculados al servicio concesionado.
La propuesta, suscrita por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, plantea reformar y adicionar disposiciones del Código Penal Federal. El objetivo es establecer agravantes específicas cuando los delitos se perpetren dentro de autobuses, combis, taxis, estaciones, paradas o terminales.
De acuerdo con el legislador, la exposición cotidiana de pasajeros —en particular mujeres, jóvenes y personas mayores— a situaciones de riesgo obliga a reconocer el carácter agravado de estas conductas. “La exposición diaria de las y los pasajeros al riesgo de ser víctimas de delitos hace indispensable elevar las penas cuando dichos delitos se cometan en el transporte público y/o concesionado”, sostuvo.
La iniciativa contempla adicionar la fracción VI al Artículo 266 Bis para que las sanciones por abuso sexual y violación aumenten hasta en una mitad tanto en su mínimo como en su máximo, cuando estos ilícitos ocurran en espacios del transporte público o concesionado. Asimismo, propone reformar el Artículo 376 Ter para sancionar con mayor severidad el robo cometido contra usuarios o prestadores del servicio.
Las cifras que respaldan la propuesta muestran un contexto adverso. Según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 70.9 por ciento de las mujeres manifestó sentirse insegura al utilizar transporte público. El Instituto Nacional de las Mujeres reporta que nueve de cada diez han sufrido agresiones verbales, persecución, acoso o abuso sexual en estas unidades.
A ello se suma que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 señala que 23.7 por ciento de las personas dejó de usar transporte público por temor a ser víctima de un delito y 36.7 por ciento evita tomar taxis por considerarlos inseguros. En el Estado de México, durante el año pasado se registraron cinco mil 103 robos a bordo de unidades concesionadas.
Vargas del Villar argumentó que, aunque el Código Penal Federal ya tipifica robo, abuso sexual y violencia, no prevé agravantes suficientes para delitos cometidos en transporte público, pese a que afectan la libertad de tránsito y derechos fundamentales. La reforma busca cerrar ese vacío legal y reforzar la protección de quienes utilizan diariamente este servicio esencial.
